¿Cuánto nos cuesta realmente el agua? La respuesta parecería encontrarse en el recibo mensual. Sin embargo, el precio que pagamos por el suministro representa apenas una fracción de su costo real. Y es que el costo de los bienes y servicios va más allá de los recursos utilizados para producirlos, de las manos y las mentes que, con su trabajo, les otorgan valor, y de los impuestos que pagamos para obtenerlos.
En México, el artículo 4 de la Constitución reconoce, desde 2012, el derecho humano al acceso al agua en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles. Mientras que el artículo 115, indica que les corresponde a los municipios prestar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. En otras palabras, el agua se considera un recurso esencial cuyo acceso debe ser garantizado por el Estado. En consecuencia, son las autoridades públicas las encargadas de fijar las tarifas del servicio. Y de acuerdo con la legislación vigente, estas se determinan en función de los costos de operación, mantenimiento, infraestructura y prestación del servicio.
El problema es que, al tratarse de un recurso esencial para la vida, ponerle un precio resulta problemático. La distinción habitual consiste en reconocer que el agua es un bien indispensable, por lo tanto, carente de un costo inherente, y que son más bien las actividades necesarias para captarla, potabilizarla y distribuirla las que tienen un valor económico. Es ese precio el que parece poder calcularse a partir de la cadena de suministro. En otras palabras, el precio que pagamos no representa el valor del agua en sí misma, sino los costos asociados con hacerla llegar hasta nuestros hogares.
Las protestas recientes en Guadalajara, sin embargo, muestran una realidad distinta. Durante meses, habitantes de cientos de colonias de la zona metropolitana han denunciado recibir agua turbia, con malos olores y, en algunos casos, inadecuada incluso para las actividades domésticas. Las deficiencias de una infraestructura envejecida, los problemas de mantenimiento y la contaminación de las fuentes de abastecimiento han puesto de manifiesto una crisis que se arrastra desde hace años y que estalló el pasado 11 de octubre, cuando cientos de personas salieron a las calles para exigir agua limpia y respuestas por parte de las autoridades.
Reclamaban, pues, su derecho a recibir un servicio que no estaba cumpliendo con las condiciones mínimas que debería garantizar. Y al hacerlo dejaron al descubierto un problema mayor, porque ¿qué sucede cuando no hay agua suficiente para todos, cuando las fuentes están contaminadas, cuando las sequías se prolongan o cuando su disponibilidad se concentra en determinados territorios y sectores?
En esas circunstancias, el precio del suministro deja de representar lo que realmente cuesta acceder al agua. Aunque las tarifas de los servicios públicos no responden exclusivamente a las leyes de la oferta y la demanda, la escasez y la contaminación generan costos adicionales que los recibos no reflejan. El agua embotellada, los filtros domésticos, el transporte hacia fuentes alternativas y los tratamientos médicos terminan formando parte de una factura que nadie expide, pero que muchas familias pagan.
El costo desde una mirada sostenible
Desde una perspectiva de sostenibilidad, el costo del suministro y uso del agua va mucho más allá de su dimensión económica. Existen impactos ambientales y sociales que rara vez se incorporan a las tarifas. Y no me refiero a intentar establecer cuánto vale el agua como recurso, sino a reconocer lo que cuesta proteger, recuperar y restaurar los mantos acuíferos y los ecosistemas afectados por su extracción y contaminación. También me refiero a los daños ocasionados a otras especies, al desplazamiento de comunidades y a los gastos que enfrentan las familias cuando deben desplazarse para conseguir agua, comprarla embotellada o afrontar problemas de salud derivados de su mala calidad.
A ello debemos añadir el trabajo que habitualmente permanece invisible, el de quienes cuidan a las personas enfermas, hierven el agua, limpian los depósitos o reorganizan las actividades domésticas cuando el suministro falla. También están las condiciones laborales de quienes hacen posible el servicio, los salarios necesarios para garantizar una vida digna, los costos asociados a la corrupción y, en el caso particular de México, las consecuencias de la violencia que afecta la gestión, el acceso y la protección de los recursos hídricos.
En suma, gran parte de los impactos ambientales, sociales y políticos asociados al agua permanecen invisibles en las tarifas y en las formas convencionales de valorar el recurso. Precisamente este tipo de costos ocultos son los que distintas propuestas de sostenibilidad buscan identificar e incorporar.
Iniciativas como Oiconomy Pricing, desarrollada en la Universidad de Utrecht en Países Bajos, ofrecen una aproximación innovadora. Su metodología busca identificar los costos ocultos de los productos y servicios mediante el cálculo de los recursos necesarios para prevenir daños ambientales, sociales y económicos a lo largo de sus cadenas de valor. En lugar de limitarse a estimar cuánto cuesta reparar los daños una vez que ocurren, pregunta cuánto deberíamos invertir para evitarlos. Su propósito es hacer visibles aquellos costos que actualmente recaen sobre terceros y que, por tanto, no aparecen reflejados en los precios convencionales. En este sentido, la metodología constituye un esfuerzo valioso para reconsiderar la manera en que costeamos los bienes y servicios que consumimos cotidianamente.
Pero calcular esos costos es apenas una parte del problema. Determinar un precio sostenible también exige preguntarse quién puede pagarlo, quién debe asumirlo y bajo qué condiciones puede sostenerse en el tiempo. Incorporar los costos ocultos al precio de un producto puede contribuir a una economía más responsable, pero también puede profundizar las desigualdades si su financiamiento se traslada indiscriminadamente a los consumidores. Y en una sociedad tan desigual como la mexicana, no todas las familias pueden absorber esos incrementos.
La desigualdad no material de los precios
Esta tensión entre sostenibilidad y justicia distributiva ha sido señalada por la filósofa política Nancy Fraser. Según ella, las economías capitalistas dependen de una serie de condiciones sociales y ecológicas que suelen tratar como si fueran recursos gratuitos o inagotables. Entre ellas se encuentran la naturaleza y el trabajo de cuidados, dos ámbitos indispensables para la reproducción de la vida cuyo valor rara vez aparece reflejado en las cuentas económicas.
En el caso del agua, esta contradicción se manifiesta de manera particular. Los costos derivados del deterioro ambiental y de las deficiencias en el suministro no desaparecen, simplemente se desplazan hacia los hogares. Sin embargo, no todos los hogares los enfrentan en las mismas condiciones. Mientras algunas familias pueden instalar sistemas de filtración o comprar agua embotellada, otras deben destinar una proporción mucho mayor de sus ingresos a satisfacer la misma necesidad básica. Y cuando los recursos económicos no son suficientes, la diferencia se paga con tiempo, trabajo, salud y bienestar. Así, quienes menos han contribuido al deterioro de las fuentes de abastecimiento pueden terminar asumiendo una parte desproporcionada de sus consecuencias.
¿Por qué las familias deben pagar los costos adicionales de un servicio público que no cumple con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar? ¿Qué responsabilidades corresponden al Estado, a las empresas y a quienes contribuyen al deterioro de los recursos hídricos?
Estas preguntas son especialmente complejas porque los problemas asociados con el agua, como ocurre con otros recursos naturales, rara vez pueden atribuirse a una sola decisión o a un único responsable. Más bien, suelen ser el resultado de múltiples acciones, omisiones y dinámicas institucionales acumuladas a lo largo del tiempo. Es precisamente este tipo de situaciones lo que Iris Marion Young denominó injusticia estructural, es decir, las formas de daño colectivo que emergen de la interacción de numerosos actores dentro de un mismo sistema. Reconocer esta complejidad no implica diluir las responsabilidades, sino entender que estas son diferenciadas. La posición que ocupamos, nuestra capacidad de decisión y los beneficios que obtenemos de determinadas estructuras importan a la hora de determinar quién debe actuar y de qué manera.
La responsabilidad pública, por tanto, no se limita a establecer tarifas, administrar organismos operadores o financiar infraestructura. También implica prevenir los daños, proteger a las poblaciones afectadas, exigir responsabilidades a quienes contribuyen a la contaminación y garantizar que las personas puedan reclamar sus derechos sin exponerse a la violencia institucional.
Por supuesto, reparar las redes de distribución y mejorar los sistemas de potabilización requiere recursos. Pero ninguna discusión sobre los costos de estos trabajos puede separarse de las decisiones políticas que permitieron el deterioro de la infraestructura, de las prioridades presupuestarias ni de la distribución de las responsabilidades. De lo contrario, el costo de corregir las deficiencias públicas volverá a trasladarse a quienes ya han pagado sus consecuencias.
Hacia una política hidráulica sostenible
La crisis del agua en Guadalajara, por ende, no puede entenderse exclusivamente como el resultado de una infraestructura dañada o de una gestión deficiente, ni resolverse mediante reparaciones técnicas y medidas administrativas aisladas. Tampoco puede solucionarse con detenciones y violencia policial, ni basta con dejar de pagar por un servicio, pues ninguna de estas medidas aborda las condiciones estructurales que producen la crisis.
En este sentido, el planteamiento de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de atender los problemas de abastecimiento mediante la ampliación y rehabilitación de infraestructura resulta significativo. Sin embargo, su alcance dependerá de que las propuestas vayan más allá de la construcción y modernización de infraestructura. Una política hídrica sostenible también debe integrar las causas de la contaminación, proteger las fuentes de agua y los ecosistemas de los que dependen, salvaguardar la salud de la población y fortalecer las condiciones institucionales necesarias para prevenir su deterioro a largo plazo.
Ello exige una coordinación sostenida entre los distintos órdenes de gobierno, las empresas y la sociedad civil, con responsabilidades y compromisos concretos. Pero, sobre todo, requiere incorporar los costos ambientales, sociales, económicos y políticos en las decisiones sobre la gestión del agua, para que las inversiones de hoy no reproduzcan las vulnerabilidades actuales ni del mañana.
