Rodrigo Maldonado, especialista en materia penal, explicó que las reformas protegen los derechos de autor, las marcas y los emblemas institucionales; advierte que para configurar algunas conductas delictivas debe acreditarse la intención de obtener un beneficio económico.
Las reformas legislativas que han sido identificadas coloquialmente como “Ley Antimemes” no tienen como propósito sancionar la sátira política, las caricaturas o las publicaciones críticas contra el gobierno, sino fortalecer la protección de los derechos de autor, las marcas comerciales y las insignias de instituciones públicas frente a su explotación con fines de lucro, explicó Rodrigo Maldonado, abogado especialista en materia penal.
En entrevista, el especialista aclaró que no se trata de una nueva ley, sino de modificaciones a tres ordenamientos jurídicos: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal.
Señaló que el objetivo de estas disposiciones es establecer mayores mecanismos para combatir la piratería, la reproducción no autorizada de obras artísticas y literarias, así como el uso indebido de marcas y emblemas institucionales cuando existe una finalidad comercial.
“El espíritu de estas reformas tiene una finalidad más allá de los memes. ¿Cuál es la finalidad? Proteger la creación intelectiva de las personas”, explicó.
Maldonado indicó que uno de los aspectos relevantes es el reconocimiento de los derechos de quienes crean canciones, películas, libros y otras obras protegidas, particularmente cuando terceros las utilizan sin autorización, omiten dar el crédito correspondiente o las explotan comercialmente sin reconocer los beneficios económicos que corresponden a sus titulares.
Como ejemplo, mencionó la reproducción y comercialización de libros sin respetar los tirajes autorizados por los autores o las editoriales, una práctica que afecta las regalías y los ingresos de quienes poseen los derechos de las obras.
También destacó que las reformas buscan combatir la comercialización de productos apócrifos, como prendas que reproducen marcas registradas o artículos que utilizan indebidamente signos distintivos para obtener ganancias.
Memes y sátira política no serían objeto de sanción
Respecto a la preocupación de que estas disposiciones puedan utilizarse para limitar la libertad de expresión en redes sociales, el abogado sostuvo que las críticas, caricaturas, parodias y publicaciones que ridiculizan a funcionarios o instituciones públicas no encuadran, por sí mismas, en las conductas que pretenden sancionar las reformas.
Explicó que el elemento fundamental para determinar la posible existencia de una conducta delictiva es la intención de obtener un beneficio económico mediante el uso indebido de marcas, imágenes o insignias protegidas.
“Limitar la expresión periodística o sarcástica de cierta institución del Estado no va a tener una consecuencia en esta ley porque no tiene un ánimo de lucro”, puntualizó.
Incluso, señaló que el uso de logotipos institucionales en publicaciones que denuncien presuntos actos de corrupción o irregularidades no necesariamente constituye un delito, siempre que no exista una explotación comercial que pretenda hacer pasar un producto o servicio como si tuviera el respaldo de la institución.
Como ejemplo, mencionó el uso del emblema de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una publicación que cuestione o denuncie el problema del huachicol. En ese supuesto, consideró que se trata de una manifestación crítica y no de una conducta encaminada a obtener ganancias mediante la utilización de la identidad gráfica de la empresa.
En contraste, explicó que podría actualizarse una conducta sancionable si alguien utiliza los emblemas de Pemex para comercializar combustible y hacer creer a los consumidores que se trata de un producto respaldado por la empresa, cuando en realidad no existe esa relación.
El mismo criterio podría aplicarse a la utilización de escudos y distintivos de instituciones educativas o dependencias gubernamentales para ofrecer servicios, cursos o supuestos trámites oficiales con los que se busque obtener un beneficio económico.
Sobre los contenidos generados mediante inteligencia artificial, que imitan comunicados, campañas o anuncios de instituciones públicas, Maldonado consideró que la sátira y la parodia no quedan automáticamente prohibidas por estas reformas. La conducta tendría que analizarse a partir de sus características y, particularmente, de la existencia de una finalidad lucrativa.
Penas de hasta siete años de prisión
En cuanto a las consecuencias legales, el especialista explicó que las modificaciones contemplan sanciones económicas, reparación del daño y penas privativas de la libertad para determinadas conductas relacionadas con la violación de derechos de autor y la propiedad industrial.
Detalló que en materia de derechos de autor existen disposiciones que contemplan penas de entre tres y siete años de prisión, además de multas, mientras que en materia de propiedad industrial identificó sanciones de entre dos y seis años de cárcel, dependiendo de la conducta.
Agregó que algunos delitos relacionados con afectaciones a bienes o intereses del Estado pueden perseguirse de oficio, mientras que aquellos que involucran derechos de particulares requieren, en determinados supuestos, la denuncia de los titulares afectados.
Maldonado también destacó que las reformas incorporan mecanismos para reclamar una compensación resarcitoria por la explotación no autorizada de una obra, aunque su determinación dependerá de las pruebas y de la acreditación del daño económico.
El reto estará en la aplicación de la reforma
El abogado consideró que el principal desafío estará en la aplicación de las nuevas disposiciones, particularmente en la acreditación de quién elaboró determinado contenido, cuándo se produjo y con qué finalidad fue utilizado.
A su juicio, la discusión sobre una posible censura a las expresiones críticas debe distinguirse de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
“El problema siempre va a ser en la aplicación de las normas. El problema va a ser una cuestión de probar”, señaló.
Finalmente, sostuvo que las reformas representan un intento por fortalecer los mecanismos de protección de los creadores y combatir prácticas comerciales ilegales, pero insistió en que su interpretación no debe confundirse con una prohibición general de los memes, la crítica política o el humor en internet.
“No corre riesgo el caricaturista, aquel ingenioso que tiene a lo mejor un TikTok y se burla y hace parodia. Eso no se va a sancionar”, concluyó.

