Durante buena parte del siglo XX, el éxito de una empresa podía medirse por si era rentable o no. Hoy esa medida ya no basta.
Desde que la sostenibilidad se consolidó como paradigma de desarrollo en la década de 1980, al integrar las dimensiones económica, social y ambiental, su influencia se extendió rápidamente más allá de los gobiernos. Las empresas dejaron de ser vistas únicamente como agentes económicos para convertirse también en actores con capacidad de agravar o contribuir a resolver los grandes desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo. Y a medida que crecía ese reconocimiento, también lo hacían las expectativas sobre las responsabilidades que debían asumir.
Actualmente, se espera que las empresas expliquen cómo utilizan los recursos naturales, qué emisiones generan, cómo tratan a sus trabajadores, qué ocurre a lo largo de sus cadenas de suministro, de qué manera se relacionan con las comunidades donde operan y cuáles son las consecuencias de sus decisiones más allá de sus accionistas.
Para medir este desempeño y exigir rendición de cuentas, han surgido diversas iniciativas en las últimas décadas. Desde la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), hasta certificaciones como B Corp. Todas buscan establecer hasta qué punto una empresa es realmente sostenible y cuál es su impacto en la sociedad y el planeta.
Estas iniciativas han producido cambios significativos. Han llevado a numerosas empresas a identificar impactos antes ignorados, establecer metas, diseñar planes de transición y divulgar información que durante mucho tiempo permaneció fuera del escrutinio público. En México, por ejemplo, una encuesta de KPMG de 2022 reveló que el 84% de las 100 empresas con mayores ingresos del país ya publicaban información sobre sostenibilidad y que más de la mitad la integraba en sus reportes financieros anuales.
Sin embargo, aunque estas prácticas representan un avance importante, también plantean interrogantes, porque más información no significa necesariamente que exista una transformación hacia un sistema empresarial sostenible y encaminado a la prosperidad colectiva y del planeta.
Diversos críticos han advertido que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas han terminado distorsionándose hasta convertirse, en muchos casos, en instrumentos de posicionamiento corporativo y gestión de grupos de interés. Más que herramientas orientadas a impulsar cambios profundos, suelen funcionar como recursos reputacionales destinados a satisfacer las expectativas de inversionistas, fortalecer relaciones institucionales o cumplir exigencias regulatorias. Como resultado, la transparencia y la responsabilidad empresarial corren el riesgo de transformarse en un ejercicio de cumplimiento y comunicación, más que en una ventana genuina a las estrategias de transición de las empresas y a los avances reales que estas estén logrando.
El problema mexicano: muchas herramientas, poca dirección
A primera vista, México parece avanzar en la dirección correcta. A partir de 2026, las emisoras de valores deben presentar información anual de sostenibilidad correspondiente a 2025 bajo las normas NIIF S1 y S2, que buscan estandarizar la divulgación de riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y el clima. Además, a partir de 2027 esa información deberá contar al menos con aseguramiento limitado y, posteriormente, con aseguramiento razonable.
Es un avance relevante. Pero también deja al descubierto que uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad empresarial en México no parece ser la ausencia de instrumentos, sino su fragmentación y la dificultad para dar seguimiento a una verdadera trayectoria de transformación.
El país cuenta con regulaciones ambientales, obligaciones sectoriales, estándares de reporte, certificaciones privadas y programas públicos de evaluación. Existen desde las nuevas obligaciones de divulgación para emisoras hasta instrumentos como el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) de la PROFEPA, además de certificaciones voluntarias y mecanismos de reporte vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. México incluso publicó en 2024 un primer Informe Voluntario de las Empresas sobre su contribución a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El problema es que cada instrumento observa una parte distinta de la empresa. Algunos se concentran en el cumplimiento de la normatividad ambiental; otros en el desempeño operativo; otros más en riesgos financieros relacionados con factores ambientales, sociales y de gobernanza; y otros en condiciones laborales, derechos humanos o cadenas de suministro.
Tenemos, en otras palabras, muchas piezas, pero no necesariamente una meta y estrategia unificadas y comunes para seguir monitoreando, evaluando y acompañando la transición de las empresas hacia modelos de negocio más sostenibles.
Esto queda al descubierto al mirar las cifras de desempeño del PNAA, el cual en agosto de 2026 registraba 975 empresas participantes y 868 certificados vigentes. Si bien la magnitud puede parecer relevante para el tipo de programa, supone una caída cercana al 24% en comparación con una década atrás y equivale a una proporción marginal de los 5.5 millones de negocios registrados ante el INEGI en el país.
En resumen, la experiencia muestra que, cuando la participación es voluntaria y no está respaldada por incentivos claros ni por mecanismos sólidos de seguimiento y exigibilidad, el alcance de estas iniciativas permanece limitado y el interés empresarial tiende a diluirse.
Lo que México necesita es una definición clara, a escala nacional, de los estándares que deben orientar la transición empresarial. Sin ello, los esfuerzos corporativos seguirán dispersos y fragmentados. Iniciativas como la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la Unión Europea muestran que es posible avanzar hacia una transformación más coherente cuando existe voluntad política, reglas claras y un proyecto de país bien definido.
Del reporte a la transformación
Con tantas iniciativas en el país, vale la pena preguntarse qué camino entonces debería seguirse para rastrear la transición sostenible de las empresas.
Las normas NIIF S1 y S2 ya representan un avance importante al estandarizar la divulgación de información relacionada con el cambio climático. Sin embargo, su enfoque se concentra principalmente en emisiones y sus impactos y oportunidades financieramente materiales para la empresa, no necesariamente evaluar la transformación integral de las corporaciones.
Algo similar ocurre con los reportes ESG. Aunque han impulsado una mayor divulgación de información, suelen enfocarse en la identificación de riesgos, la descripción de impactos y la comunicación de compromisos. Con frecuencia ofrecen poca claridad sobre qué cambios estructurales pretende realizar la empresa, qué metas concretas persigue, qué hoja de ruta seguirá y cómo se evaluará su avance en el tiempo. Además de que su reporteo es voluntario y depende de información divulgada por la empresa.
Las certificaciones B Corp han dado un paso más al incorporar dimensiones como gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Su aporte es relevante porque amplía la noción de éxito empresarial más allá de los resultados financieros. Sin embargo, también enfrentan limitaciones relacionadas con la dependencia de información proporcionada por las propias organizaciones y la dificultad de monitorear de forma continua la evolución de sus compromisos.
¿Qué tipo de iniciativa es entonces necesaria? Una que permita observar no sólo los riesgos, compromisos e impactos ambientales, sociales y económicos de las empresas, sino también los cambios estructurales que realizan para transformarse y la consistencia de esos esfuerzos a lo largo del tiempo.
Hacia empresas conscientes
En los últimos años han surgido distintos marcos para llenar el vacío que dejaron las iniciativas empresariales tradicionales.
Entre ellos, la literatura académica ha puesto el foco en la idea de empresa consciente. Una investigación de David Pérez, Mario Alain González y Juan Sosa define a la empresa consciente como aquella que reconoce que su actividad genera consecuencias económicas, sociales y ambientales, y que por ello no puede orientar sus decisiones únicamente a maximizar beneficios para sus accionistas. Su propósito incorpora también la creación de valor para trabajadores, clientes, proveedores, comunidades y medio ambiente, y se traduce en decisiones estratégicas, formas de liderazgo y una cultura organizacional coherentes con esa responsabilidad.
La empresa consciente, entonces, se organiza en cuatro pilares: (1) un propósito superior que trasciende la ganancia económica y orienta la estrategia hacia un impacto positivo; (2) una orientación hacia todos los grupos de interés, no sólo los accionistas; (3) un liderazgo consciente, guiado por valores éticos y una visión de largo plazo; y (4) una cultura consciente, donde esos principios se incorporan a las prácticas cotidianas de la organización.
Lo interesante de este concepto es que no sustituye las herramientas existentes, sino que las integra, al evaluar si la organización está cambiando realmente la forma en que opera o simplemente está administrando mejor sus impactos negativos. Es decir, puede funcionar como un mecanismo de integración entre métricas, prácticas, cultura y propósito, conectando aquello que hoy suele evaluarse de forma fragmentada.
Los retos futuros
A pesar de lo innovador del concepto, el estudio realizado por Pérez y sus colegas reveló que, entre las 316 empresas participantes en el programa Mejores Empresas Mexicanas de Deloitte, las compañías premiadas mostraron avances claros en cultura organizacional y orientación hacia sus grupos de interés. Sin embargo, ese desempeño no se replicó con la misma fuerza en el propósito superior, que fue el pilar más débil y, además, aquel en el que la diferencia entre empresas premiadas y finalistas resultó menor.
Este hallazgo es relevante porque muestra que las distintas dimensiones de la sostenibilidad corporativa no avanzan al mismo ritmo. Una empresa puede fortalecer su cultura interna, mejorar la relación con sus grupos de interés y sofisticar sus mecanismos de gestión sin haber definido todavía con claridad para qué quiere ser responsable ni qué transformación social y ambiental persigue.
O, para decirlo más claramente: las empresas han aprendido a gestionar mejor sus procesos, producir más información, fortalecer sus sistemas internos y relacionarse con sus grupos de interés, pero siguen teniendo dificultades para demostrar que esas mejoras forman parte de una trayectoria clara de transformación y de una idea explícita sobre el valor social y ambiental que quieren generar.
Para las empresas, por tanto, el reto consiste en definir qué transformación persiguen, qué impactos deben dejar de producir, qué decisiones tendrán que cambiar para lograrlo y cómo demostrarán, a lo largo del tiempo, que esa transición está ocurriendo. Para el gobierno, el desafío está en consolidar una estrategia capaz de conectar objetivos, indicadores, seguimiento y mecanismos de cumplimiento. No necesariamente mediante un único instrumento para todas las empresas, pero sí a través de un marco y estrategia comunes que permitan saber qué significa avanzar y qué ocurre cuando no se avanza.
Porque, al final, de lo que se trata es de crear las condiciones para distinguir entre una empresa que sabe comunicar sostenibilidad y una que está dispuesta a dejar que la sostenibilidad transforme sus decisiones. Y de evitar que esa responsabilidad dependa únicamente de la voluntad empresarial, para convertirla en parte de una dirección colectiva capaz de hacer posible una sociedad donde generaciones humanas y no humanas puedan florecer, en el presente y en el futuro.
