Las modificaciones recientes al artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ya están generando presión operativa para miles de patrones. Desde septiembre, las compañías deben adaptar sus procesos internos para cumplir con nuevas obligaciones relacionadas con los descuentos aplicados al salario de los trabajadores que cuentan con créditos vigentes ante el Instituto.
El cambio normativo obliga a realizar retenciones incluso cuando el trabajador se encuentre en ausencia o incapacidad, escenarios que antes permitían suspender temporalmente el pago. Esto implica ajustes inmediatos en los sistemas de nómina, controles administrativos y validaciones internas para evitar inconsistencias que puedan derivar en incumplimientos fiscales o de seguridad social.
Impacto financiero por el incremento al salario mínimo
A este ajuste legal se suma el aumento al salario mínimo previsto para 2025, un movimiento que podría elevar los costos laborales entre 3 % y 6.5 % para micro y pequeñas empresas. La combinación de ambos factores abre un periodo de presión sobre la liquidez, especialmente en organizaciones que operan con márgenes reducidos o que ya enfrentaban cargas administrativas elevadas.
De acuerdo con cifras del propio INFONAVIT, hasta agosto de 2022 existían 80 mil 584 empresas inscritas como responsables de realizar aportaciones y descuentos para el pago de créditos de los trabajadores. Con la reforma, estas compañías quedan expuestas a contingencias adicionales, entre ellas la posible determinación de créditos fiscales como obligados solidarios, así como sanciones relacionadas con obligaciones laborales y de seguridad social.
Riesgos de incumplimiento y necesidad de revisión interna
Especialistas advierten que la principal vulnerabilidad se encuentra en la falta de actualización de procesos automatizados de nómina. Si los sistemas no integran correctamente los nuevos criterios de retención, las empresas podrían enfrentar diferencias ante el Instituto, revisiones posteriores o determinaciones que afecten directamente su flujo de efectivo.
El escenario también implica revisar contratos laborales, políticas internas y criterios de ausencia o incapacidad para asegurar que los registros coincidan con las disposiciones vigentes.
Recomendaciones para mitigar riesgos
La firma Pérez Correa González, especialista en litigio fiscal y administrativo, sugiere que las compañías adopten una implementación gradual, acompañada por asesoría técnico-jurídica que permita identificar impactos reales en sus cálculos y obligaciones. La recomendación incluye evaluar la compatibilidad de los sistemas de nómina, actualizar flujos de autorización interna y verificar la consistencia de los reportes enviados al Instituto.
La combinación de reforma y actualización salarial confirma que 2025 será un año de ajustes para el sector patronal. Las empresas que logren anticiparse, documentar sus cambios y validar sus procesos podrán reducir la exposición a contingencias y mantener estabilidad en su operación financiera.
