Desde la reforma de 2021 en materia de subcontratación, se inició la transformación de las obligaciones que las empresas beneficiarias de este tipo de servicios deben asumir y vigilar en términos laborales y de seguridad social sobre los terceros que contratan.
Por otro lado, generó la necesidad de reconfigurar los modelos de negocio bajo los cuales distintas industrias y sectores se habían consolidado.
Si bien el registro de prestadores de servicios especializados (Repse) considera reglas específicas que guían el cumplimiento formal, sin duda, las empresas buscan prevenir los riesgos asociados a una incorrecta administración, que pueden generar alertas por parte de distintas autoridades como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Servicio de Administración Tributaria (SAT) y autoridades estatales, derivados de la contratación o tercerización de servicios especializados.
Principales riesgos en seguridad social derivados del Repse
Responsabilidad solidaria
En caso de que las autoridades de seguridad social busquen aplicar el concepto de responsabilidad solidaria, los responsables de salvaguardar sus intereses son los beneficiarios de los servicios, por lo que deberán atender los requerimientos de la autoridad para demostrar, en el mejor de los casos, que las obligaciones de seguridad social de sus prestadores de servicios especializados fueron cubiertas en tiempo y forma.
Recordemos que en caso de incumplimiento de las obligaciones de seguridad social de los prestadores de servicios es el beneficiario quien asume la responsabilidad solidaria con respecto a las personas empleadas que estuvieron participando en el servicio; de esta forma, la autoridad puede exigir el pago de dichas omisiones.
Deducibilidad fiscal, informativas para IMSS e Infonavit, inspecciones en centros de trabajo
Son diversos los controles que las empresas deben tener en consideración para un adecuado control y monitoreo, que les permita anticipar posibles contingencias financieras, fiscales y reputacionales.
Es necesario conservar y tener acceso a la información que soporte que la prestación del servicio es especializado; en este contexto, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) establecen como requisito lo siguiente:
- Registro vigente Repse
- Comprobantes fiscales digitales de nómina (CFDI de nómina)
- Comprobante de pago de las cuotas obrero patronales ante el IMSS e Infonavit
- Declaración y pago bancario del IVA
- Declaración y pago bancario del ISR retenido por salarios
Por su parte, el IMSS y el Infonavit establecieron obligaciones cuatrimestrales para los patrones que cuentan con Repse y que celebran contratos durante el periodo a reportar. El objetivo es identificar a las personas empleadas que participan en el servicio con cada uno de los distintos beneficiarios.
En este sentido debe atenderse la presentación a más tardar en las fechas indicadas en el cuadro ante cada portal; para el IMSS es el Icsoe (Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados), y en el Infonavit es el Sisub (Sistema de Información de Subcontratación).
| Periodo | Cuatrimestre | Periodo de presentación |
|---|---|---|
| Enero a abril | 1.º | 1 a 17 de mayo |
| Mayo a agosto | 2.º | 1 a 17 de septiembre |
| Septiembre a diciembre | 3.º | 1 a 17 de enero del año siguiente |
En caso de no reportar de manera oportuna, las empresas podrían recibir multas de 500 a 2,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA).
Por su parte, la STPS, durante 2026, ha puesto en marcha la verificación de su protocolo en materia de subcontratación, con el cual busca vigilar el cumplimiento laboral con base en los procedimientos que deben seguirse: que los servicios sean permitidos, y que no existan violaciones en las condiciones laborales que afecten a los empleados que participan en la ejecución del servicio.
Si derivado de las inspecciones se detectan incumplimientos, las empresas podrían ser sancionadas con multas de entre 2,000 y 5,000 UMA, incluyendo la posible cancelación del Repse.
Conclusión
Las distintas autoridades han robustecido la sinergia entre ellas, se ha incrementado el uso de herramientas tecnológicas y, sin duda, el cruce de información de las distintas fuentes ha sido clave para detectar inconsistencias en esta materia.
Contar con un sistema o herramienta digital que permita resguardar la información necesaria para atender a las distintas autoridades y que facilite el monitoreo del cumplimiento de entrega de información, así como la congruencia de los datos, es un elemento clave que permite contener impactos en materia laboral, fiscal y de seguridad social.
La agilidad y la oportunidad con que las empresas puedan interactuar entre sus diversas áreas puede significar la diferencia entre atender oportunamente los requerimientos de la autoridad permitiendo reducir los tiempos invertidos en aclaraciones, e incluso evitar la imposición de multas.
Es relevante implementar controles robustos, así como un acompañamiento de especialistas que brinden soporte, para dar cumplimiento integral a las disposiciones, lo que va más allá de lo documental, ya que la contratación de servicios o brindar servicios fuera de lo que la ley permite tiene impactos reputacionales ante inversionistas y clientes, afectando directamente a las finanzas de la compañía.
Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de quienes firman el artículo y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG México.
