Las mexicanas vivimos una época en donde nuestro género se está convirtiendo en un factor de riesgo para salir a las calles de nuestro país. No importa si estamos en el norte, centro o sur: la muerte violenta de una mujer por razones de género sigue siendo una nota constante en los medios de comunicación.
La semana pasada se reportó el homicidio de una estudiante española que vino de intercambio y que fue privada de la libertad con un arma blanca la noche del sábado 12 de septiembre de 2026, en el municipio de Cuautla, Morelos, México. Y aunque el jueves 17 de septiembre de 2026 la Secretaría de Seguridad detuvo al presunto responsable, identificado como Francisco Javier “N” (conocido como “El Trompas”), quien fue vinculado a proceso penal por un juez el viernes 19 de septiembre, esto no es suficiente.
Porque, aunque hay que reconocer que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras han bajado en comparación con 2021, cuando se registraron mil 22 feminicidios, en lo que llevamos de 2026 se han registrado 380 casos. La cifra demuestra una baja considerable.
Pero esos números no son suficientes. En los medios de comunicación y las redes sociales no puede seguir siendo noticia el asesinato de una mujer solo por ser mujer. Las mexicanas o extranjeras que se encuentren dentro del territorio debemos poder salir a las calles sin miedo, vivir, convivir y pertenecer a una sociedad que no quiera exterminarnos por el hecho de tener un género que, por siglos, nos han considerado el sexo “débil”.
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Reconozco que la presidenta ha puesto el dedo sobre el tema, pero se necesita un manotazo de fondo para que la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio que ella impulsó se convierta en una realidad en el corto tiempo.
Hoy sigue sin ser una realidad, ya que se encuentra en discusión en el Senado y entre las diputadas, pero, como siempre, los tintes políticos pueden ensombrecer y entorpecer un trabajo que no debe tener ningún tinte partidista.
Por lo cual, espero que las opiniones de todos los colores sean tomadas en cuenta, como son las posturas de la diputada Kenia López Rabadán, quien exige revisar la definición de “mujer” en la ley contra el feminicidio, y la senadora Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, quien señaló que es necesario contar con una legislación que no se limite a atender los delitos después de que ocurren, sino que permita prevenir la violencia y evitar que las mujeres pierdan la vida.
Quienes, a pesar de representar colores contrarios a quienes impulsan la iniciativa, sí pueden tener dos puntos fundamentales para la creación de la ley: el primero, por el tema de la definición, para que no se incluyan los transfeminicidios en el mismo paquete de leyes, pues considero que ellas tienen otros factores y también quieren que ese tipo de violencia sea tipificada y catalogada por lo que es.
Y la otra, porque una ley no será suficiente para erradicar la violencia de género; se necesita una deconstrucción social de fondo.
Por ello, espero que no solo la ley, sino el combate de este tipo de delitos, sea una preocupación conjunta. Más allá de los colores, todas deben alzar la voz por todas las mujeres que han muerto y cuyos casos han quedado impunes o con bajas penas por falta de unificación de criterios.
