En el argot tecnológico, existen tres grupos muy definidos. Primero, los early adopters, que se apresuran a adoptar la tecnología y están convencidos de sus beneficios desde el primer momento. Luego, la gran base que incorpora la tecnología cuando se populariza, y finalmente, están los llamados laggers.
Este último grupo se caracteriza por adoptar la tecnología tarde y, en muchas ocasiones, a regañadientes. Son quienes dicen “¿para qué cambiar si siempre se han hecho las cosas de esta manera?” o el famoso “si no está roto, no lo arregles”.
Entre las profesiones de México, me atrevo a decir que los abogados son laggers por antonomasia.
Mientras sectores como el financiero o el comercio electrónico han abrazado la digitalización casi desde el primer momento, los despachos se han resistido. Hoy, hay en el país 450,000 abogados que todavía no usan inteligencia artificial, y solo 28% de los grandes despachos o áreas legales corporativas la han incorporado en sus operaciones, según cifras de LemonTech, firma tecnológica legal.
Sin embargo, hay un momento en el que no se puede resistir el cambio. Y, a medida que más jóvenes abogados se integran a las filas de los despachos y la carga de trabajo crece, la IA se perfila como una forma de volverse más eficientes.
No es que la IA gane juicios, o que la labor de los abogados pueda volverse menos minuciosa. Por el contrario, esta herramienta está siendo usada para la talacha: definir horas facturables, revisar contratos en busca de cláusulas potencialmente desventajosas e identificar si hay novedades en las causas penales.
Al hacerlo, los abogados se están ahorrando hasta 15 horas por semana, explica Maximiliano Amor, director ejecutivo de Lemontech.Ese tiempo, lo pueden ocupar en actividades de generación de valor, como la capacidad de interpretar riesgos, negociar acuerdos y entender el contexto de sus clientes.
Pero, si es tan maravilloso… ¿Por qué el sistema judicial sigue siendo tan ineficiente? Dentro de las miles de causas, quiero destacar una: Mientras los despachos aprenden a incorporar inteligencia artificial en sus procesos, los gobiernos todavía intentan ponerse de acuerdo sobre cómo regularla.
La UNESCO dio un primer paso en 2021 con la adopción de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, respaldada por sus 193 Estados miembros. Desde entonces, organismos como la CEPAL han impulsado una agenda regional para promover una gobernanza responsable de esta tecnología en América Latina, mientras varios países comenzaron a construir sus propios marcos regulatorios.
Brasil encabeza esa discusión con el Proyecto de Ley 2,338, inspirado en un enfoque basado en riesgos similar al AI Act europeo. Chile cuenta desde 2021 con una Política Nacional de Inteligencia Artificial y trabaja en adecuaciones regulatorias para distintos sectores. Colombia también ha desarrollado lineamientos nacionales para impulsar el desarrollo y la gobernanza de esta tecnología.
México, en cambio, avanza con mayor lentitud.
Existen iniciativas legislativas y el tema ya forma parte de la conversación pública, pero el país todavía carece de un marco integral que establezca principios claros sobre transparencia, responsabilidad, uso de datos o rendición de cuentas para sistemas de inteligencia artificial.
Este rezago importa. Especialmente cuando los procesos judiciales podrían ser más rápidos en favor de los ciudadanos.
Incorporar inteligencia artificial ya no es una opción sino una necesidad competitiva. Y construir certeza jurídica es indispensable para que eso ocurra.
